Cada semana, alrededor de un millón y medio de españoles se juegan una media de algo más de 12 millones de euros en apuestas deportivas a través de Internet, una cantidad que supera ya lo que recauda cada siete días la quiniela en España, según los datos de la Asociación Nacional de Profesionales de Apuestas Deportivas (Anpad), que revelan que los españoles se juegan tres veces más en los casinos on-line.

Los beneficios que produce este tipo de apuestas y juegos en la Red son íntegros para las empresas propietarias de los casinos, ninguna de ellas instalada en España. Por esta razón, la Administración central y las autonómicas están intentando consensuar un proyecto de ley para regular el juego y las apuestas a través de Internet, con el objetivo de controlar esta actividad y obtener parte de la tarta mediante la imposición de los impuestos correspondientes.

De hecho, ayer se produjo una reunión en Madrid de la Comisión Sectorial del Juego, en la que están representados el Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Sociedad de la Información, la Agencia Tributaria, el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (Onlae) y las comunidades autónomas. Entre otros temas de interés, como el registro de prohibidos (red de ludópatas) y la repercusión de las nuevas tecnologías (PDA y móviles) en el sector, se debatió sobre la transposición de la directiva europea de servicios del juego.

Esta normativa comunitaria plantea a los Gobiernos la obligatoriedad de regular la actividad del juego on-line, especificando medidas de control y tributación de esta actividad. Además, este mandato introduce la obligación de operar bajo licencia administrativa. Pero mientras las casas de apuestas ya han dado los primeros pasos para legalizar este negocio en España, los casinos continúan en el mayor ostracismo.

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