Un reciente informe hecho público por el Ministerio del Interior sorprende y mucho: más de 40.000 españoles tienen el acceso denegado a los casinos y salas de juego.

Esta cifra la componen, en su mayoría ludópatas y personas que han cometido alguna infracción dentro de las instalaciones, y el mayor porcentaje corresponde a jugadores andaluces, con más de 12.500 en el registro. Madrid, Cataluña, Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana siguen a Andalucía en el ranking de censurados.

Sorprende que, para denegar la entrada a éstos jugadores es necesaria una orden judicial y, aún más asombroso es que, el propio jugador es el que debe solicitar la prohibición, con el fin de evitar recaídas en casos de ludopatía.